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Milei flexibilizó el RIGI para que las multinacionales compitan con las pymes argentinas por los grandes negocios

A través del Decreto 1366/2026, el Gobierno eliminó el requisito de mayoría de capital nacional para que una empresa sea considerada proveedora local de los proyectos beneficiados por el RIGI. Ahora, las filiales de multinacionales podrán competir por el cupo de contrataciones destinado a proveedores locales. La medida vuelve a poner en discusión el lugar de la industria nacional en el modelo económico libertario.

El gobierno de Javier Milei modificó las reglas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y abrió la puerta para que empresas controladas por capitales extranjeros puedan competir directamente con las compañías argentinas por los contratos de los grandes proyectos de inversión.

La modificación quedó establecida mediante el Decreto 1366/2026, publicado el 16 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma eliminó una condición que hasta ahora funcionaba como protección para los proveedores nacionales: las empresas debían tener al menos el 51% de su capital o el control societario en manos de titulares con domicilio fiscal en Argentina para ser consideradas proveedoras locales.

Con el nuevo esquema, alcanza con que una compañía esté constituida y domiciliada en el país, independientemente de quiénes sean sus accionistas o de dónde provenga su capital.

En términos concretos, una filial argentina de una multinacional podrá ser considerada proveedora local y participar de las contrataciones de los proyectos adheridos al régimen, incluso si su totalidad accionaria pertenece a una empresa extranjera.

Las multinacionales entran en el cupo de proveedores locales

Uno de los puntos centrales del RIGI es la obligación de que los proyectos adheridos destinen al menos el 20% de sus inversiones en bienes y servicios a proveedores locales, siempre que exista oferta disponible y competitiva.

Hasta ahora, esa disposición representaba una oportunidad para que las empresas argentinas, especialmente las pequeñas y medianas, pudieran incorporarse a las cadenas de producción de los grandes emprendimientos de minería, energía, hidrocarburos e infraestructura.

Sin embargo, con el cambio reglamentario, ese universo de proveedores se amplía y las pymes nacionales deberán competir también con filiales de grandes grupos internacionales.

La modificación no elimina el porcentaje mínimo de contratación local, pero cambia quiénes pueden participar de ese cupo. Así, una empresa controlada desde el exterior podrá computar como proveedora local si está constituida y domiciliada en Argentina.

Hay una distinción importante: para los bienes que se suministren, se mantienen los requisitos de origen nacional establecidos por las normas del Mercosur. Es decir, el cambio no convierte automáticamente en producción argentina a los productos importados.

El argumento del Gobierno: atraer más proveedores

Desde el Ejecutivo justificaron la modificación bajo el argumento de favorecer la integración de las empresas radicadas en el país a las cadenas de suministro de los proyectos RIGI.

En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que la condición de proveedor local debe determinarse por la constitución y radicación de una empresa en territorio argentino, sin considerar la nacionalidad de sus accionistas ni la composición de su capital.

La explicación oficial apunta a promover una mayor concurrencia de proveedores y ampliar las posibilidades de abastecimiento de los grandes proyectos de inversión.

De hecho, el Ministerio de Economía viene impulsando rondas de negocios para vincular a las compañías que desarrollan proyectos bajo el RIGI con potenciales proveedores. Una nueva ronda, prevista para el 2 de diciembre, estará enfocada en los sectores de hidrocarburos y energía y contempla la participación de unas 60 empresas compradoras y más de 2.000 proveedoras.

Las pymes argentinas, frente a una competencia desigual

El cambio abre un interrogante sobre el futuro de las empresas nacionales que buscan incorporarse a los grandes proyectos de inversión.

Las multinacionales cuentan, en muchos casos, con mayor capacidad financiera, redes internacionales de abastecimiento, tecnología y estructuras comerciales consolidadas. Aunque las pymes argentinas podrán seguir participando, ahora deberán disputar los contratos bajo las mismas condiciones formales de proveedor local con empresas respaldadas por grandes grupos económicos del exterior.

El debate excede una cuestión administrativa: se trata de definir qué lugar ocupa la producción nacional dentro de un modelo económico que busca atraer inversiones extranjeras mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

Mientras el Gobierno presenta la flexibilización como una herramienta para ampliar la competencia y facilitar las inversiones, el cambio también puede reducir las ventajas que tenían las empresas de capital nacional para incorporarse a esas cadenas de valor.

Un modelo de inversiones sin prioridad para el capital nacional

La decisión se suma a una política económica que coloca la llegada de grandes inversiones extranjeras en el centro de su estrategia de crecimiento. Sin embargo, atraer capitales no garantiza por sí solo que esas inversiones impulsen el desarrollo de proveedores argentinos, generen encadenamientos productivos o fortalezcan a las pymes locales.

El RIGI fue presentado como una herramienta para dinamizar sectores estratégicos y generar nuevas oportunidades económicas. Pero la modificación de sus condiciones para los proveedores vuelve a instalar una discusión central: ¿de qué sirve atraer grandes inversiones si las empresas argentinas pierden terreno en los negocios que esas mismas inversiones generan?

Con esta nueva reglamentación, Milei amplía las puertas para las multinacionales y deja a las pymes nacionales frente a una competencia con actores de una escala económica muy diferente.

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