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Dos reveses judiciales en una misma jornada: la Corte cuestionó el DNU de Milei y movió la causa de la mansión vinculada a la AFA

El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del decreto 70/2023 que habían eliminado los controles estatales sobre las cuotas de las prepagas. Además, ordenó que la investigación por la mansión de Pilar, vinculada a presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con la AFA, quede en manos del juez Daniel Rafecas. Las decisiones se conocieron el mismo día y volvieron a poner bajo la lupa el alcance de las reformas impulsadas por el Gobierno.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó dos decisiones de alto impacto judicial que tuvieron repercusiones para el Gobierno de Javier Milei y para una de las investigaciones más sensibles del fútbol argentino. Por un lado, declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían desregulado los aumentos de las empresas de medicina prepaga. Por otro, resolvió que la causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA debe continuar en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la intervención del juez Daniel Rafecas.

Los fallos se conocieron el jueves 19 de noviembre y tuvieron como denominador común la intervención del máximo tribunal para revisar decisiones judiciales y disposiciones que habían generado controversias.

La Corte declaró inconstitucional la desregulación de las prepagas

El primer revés para el Gobierno llegó con un fallo que declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, mediante los cuales Milei había eliminado las facultades del Estado para controlar los valores de las cuotas de la medicina prepaga.

La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el Poder Ejecutivo no había justificado las condiciones excepcionales que exige la Constitución para modificar leyes mediante un decreto de necesidad y urgencia.

En su resolución, los jueces cuestionaron que el Gobierno hubiera fundamentado la liberación de los precios en la existencia de una crisis del sistema sanitario y en la necesidad de aumentar la competitividad.

«Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley», sostuvieron.

El caso se originó a partir de la demanda de una afiliada de Swiss Medical que denunció que su cuota había aumentado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. La mujer cuestionó los incrementos aplicados luego de la entrada en vigencia del decreto y reclamó que se restituyera el control estatal.

Con el fallo, la Corte confirmó la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados y dispuso que la autoridad de aplicación reasuma sus facultades de fiscalización sobre los valores de las cuotas y sus modificaciones.

Sin embargo, hay una aclaración importante: el máximo tribunal revocó la parte de la sentencia de segunda instancia que obligaba a limitar los aumentos al índice de inflación. Por lo tanto, la decisión no establece un congelamiento ni un tope automático para las cuotas, sino que restituye la obligación estatal de controlar y garantizar la razonabilidad de los incrementos.

La resolución representa un cuestionamiento concreto a una de las medidas centrales del programa de desregulación económica de Milei.

La causa de la mansión de Pilar quedó en manos de Rafecas

La segunda decisión estuvo relacionada con la investigación por la compra de una mansión en Villa Rosa, Pilar, que se encuentra bajo sospecha por presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

La Corte resolvió por unanimidad que el expediente quede en manos del juez federal Daniel Rafecas y dejó sin efecto una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que había dispuesto que interviniera el juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

El máximo tribunal cuestionó esa decisión por considerar que había afectado la garantía del juez natural y vulnerado las reglas de competencia. En particular, señaló que la investigación no se limita a la adquisición de un inmueble, sino que comprende una presunta estructura financiera que involucra sociedades, transferencias y operaciones patrimoniales.

La causa busca determinar quiénes son los verdaderos propietarios de la mansión y si las personas que figuran como titulares actuaron como presuntas testaferros de otros involucrados.

Entre los elementos incorporados a la investigación aparecen documentación sobre supuestos pagos de la AFA a la empresa Real Central SRL, vehículos de lujo vinculados a la propiedad y otros registros que los investigadores buscan reconstruir.

La decisión de la Corte no implica una condena ni determina responsabilidades de los dirigentes de la AFA: establece qué juzgado debe continuar con la investigación.

Dos decisiones que vuelven a poner límites al escenario judicial del Gobierno

Aunque los expedientes son diferentes y no tienen una conexión directa entre sí, las resoluciones de la Corte tuvieron un denominador institucional: el máximo tribunal intervino sobre decisiones que habían generado controversias y delimitó el alcance de las normas y procedimientos cuestionados.

En el caso de las prepagas, el fallo puso un límite constitucional a la desregulación de las cuotas dispuesta por decreto y restableció las facultades de control estatal. En el expediente de la mansión de Pilar, ordenó que una investigación de alto impacto continúe en el fuero que consideró competente.

Para el Gobierno, el pronunciamiento sobre las prepagas representa un cuestionamiento directo a una de las reformas incluidas en el DNU 70/2023. La decisión también reabre el debate sobre el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo para modificar por decreto normas aprobadas por el Congreso.

En una misma jornada, la Corte dejó dos señales sobre el alcance del control judicial: las reformas del Ejecutivo deben respetar los límites constitucionales y las investigaciones penales deben tramitar ante los jueces que corresponden según las reglas de competencia.

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