Con una jubilación mínima de $444.158 y un bono de $70.000 congelado desde marzo de 2024, miles de adultos mayores reducen las dosis, saltean tomas o directamente abandonan tratamientos porque no pueden pagar los medicamentos. Un relevamiento de Noticias Argentinas recogió testimonios de jubilados, farmacéuticos y especialistas que advierten sobre las consecuencias de una crisis que pone en riesgo su salud.
Comprar los medicamentos o llenar la heladera. Pagar la luz o completar un tratamiento. Para miles de jubilados argentinos, cuidar la salud se convirtió en un problema de supervivencia. En medio de la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento de los remedios, cada vez más adultos mayores recurren a medidas desesperadas: parten las pastillas por la mitad, toman una dosis día por medio o dejan de comprar algunos medicamentos para poder llegar a fin de mes.
La situación fue documentada por la Agencia Noticias Argentinas (NA), que recorrió farmacias del Área Metropolitana de Buenos Aires y recogió testimonios de personas mayores y profesionales de la salud.
El escenario se da con una jubilación mínima de $444.158,46 en noviembre, a la que se suma un bono de $70.000 que permanece congelado desde marzo de 2024. En términos reales, ese refuerzo perdió capacidad de compra mientras los gastos esenciales continuaron aumentando.
La crisis no se limita a quienes tienen que elegir entre distintos medicamentos. También afecta la alimentación, el acceso a los servicios y la posibilidad de sostener una atención médica regular.
Los medicamentos aumentaron un 404% desde que asumió Milei
Uno de los datos más contundentes surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado a fines de octubre de 2026. Según el relevamiento, los medicamentos más consumidos por las personas mayores, incluidos los destinados a enfermedades cardíacas, metabólicas y respiratorias, acumularon aumentos cercanos al 404% desde noviembre de 2023.
El incremento golpea especialmente a quienes dependen de tratamientos permanentes y tienen ingresos previsionales que no acompañan la evolución de los precios.
A la suba de los medicamentos se suma la reducción de descuentos y beneficios para acceder a los tratamientos. El resultado es que una porción cada vez mayor de los ingresos de los jubilados debe destinarse a la compra de remedios.
En paralelo, las ventas minoristas de farmacias registraron una caída interanual del 3,7% durante octubre, de acuerdo con datos sectoriales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El retroceso refleja también las dificultades de los hogares para sostener el consumo de productos esenciales.
Partir las pastillas y abandonar tratamientos: las consecuencias de la crisis
El médico geriatra especialista en nutrición Juan Martín Romano, con 15 años de experiencia en la atención de adultos mayores, describió la gravedad de la situación. Según explicó a NA, muchos jubilados deben elegir entre comprar medicamentos, alimentarse, pagar los servicios o afrontar el alquiler.
El especialista advirtió que reducir las dosis o espaciar las tomas puede tener consecuencias especialmente graves en determinados tratamientos, entre ellos los cardiovasculares, los destinados a la diabetes y los medicamentos psiquiátricos y neurológicos.
También señaló que la preocupación constante por no poder comprar los remedios afecta la salud mental, el sueño, la memoria y la concentración.
Romano, además, cuestionó los recortes en beneficios y descuentos para acceder a medicamentos y la reducción de los ingresos de los médicos de cabecera y especialistas que atienden por PAMI, que —según indicó— contribuyen a las demoras y cancelaciones de turnos.
La salud de los jubilados, otra variable del ajuste
El deterioro de los ingresos previsionales y las dificultades para acceder a medicamentos exponen una de las consecuencias más graves de la política económica del Gobierno: la imposibilidad de cubrir necesidades básicas incluso después de toda una vida de trabajo.
La discusión sobre el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público tiene un impacto concreto cuando los jubilados deben resignar tratamientos para poder comer o pagar los servicios.
Mientras el Gobierno defiende su programa económico y sostiene la política de ajuste, miles de adultos mayores enfrentan una realidad en la que una receta médica no garantiza el acceso a los medicamentos.
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