El país comenzó este martes las audiencias en Hamburgo para exigir que se detenga el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper y Navitas en la Cuenca Malvinas Norte. La explotación pretende avanzar sobre recursos hidrocarburíferos de la plataforma continental argentina, en un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de una disputa reconocida por Naciones Unidas.
La Argentina llevó su reclamo por Malvinas a un nuevo escenario internacional. Este martes comenzaron en Hamburgo, Alemania, las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), donde el país busca obtener medidas urgentes para impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum con licencias otorgadas por las autoridades británicas en las islas.
El objetivo de la presentación es frenar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, una zona de la plataforma continental argentina que se encuentra bajo disputa de soberanía con el Reino Unido. La Argentina sostiene que la autorización unilateral de estas operaciones constituye una apropiación ilegítima de recursos naturales y vulnera sus derechos soberanos.
Las audiencias se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre. Se trata de un paso inédito: es la primera vez que el país lleva al Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada con la soberanía de las Islas Malvinas.
El petróleo de Malvinas, en el centro de la disputa
El proyecto Sea Lion está operado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Las empresas proyectan comenzar las perforaciones en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. La iniciativa contempla la extracción de petróleo en un área ubicada al norte de las islas, sobre la plataforma continental cuya soberanía reclama la Argentina.
El problema no se limita a una disputa comercial o ambiental: se trata de recursos naturales no renovables que, una vez extraídos, no pueden recuperarse. Por eso, el argumento argentino sostiene que permitir que avance la explotación mientras continúa abierta la controversia puede generar un daño irreversible y consolidar por la vía de los hechos una situación que el país rechaza.
La presentación ante el Tribunal incluye cuatro pedidos concretos: que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de la explotación; que se abstenga de otorgar nuevas autorizaciones en el área; que preserve la información obtenida durante las tareas de exploración y que garantice la protección del medio marino.
La resolución de la ONU que respalda el reclamo argentino
La estrategia jurídica argentina se apoya, entre otros antecedentes, en las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1976 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a negociar una solución pacífica. La segunda pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introdujeran modificaciones en la situación de las islas mientras continuaran las negociaciones.
Para la posición argentina, la explotación unilateral de los recursos hidrocarburíferos contradice ese marco internacional y agrava una controversia que todavía no tuvo una solución diplomática.
El planteo también invoca la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en particular las obligaciones de protección del ambiente marino y de preservación de los derechos sobre los espacios marítimos en disputa. La Argentina aclaró que no le pide al Tribunal que resuelva definitivamente la cuestión de soberanía, sino que dicte medidas provisionales mientras se desarrolla el arbitraje internacional.
Qué puede resolver el Tribunal
El organismo con sede en Hamburgo deberá evaluar si existen condiciones para ordenar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará la controversia de fondo.
Hay tres escenarios posibles: que acepte el pedido argentino y ordene frenar las actividades; que conceda algunas de las medidas solicitadas, pero no todas; o que rechace la solicitud por considerar que no se cumplen los requisitos jurídicos para intervenir de manera urgente.
El Gobierno estima que la decisión podría conocerse entre dos y cuatro semanas después de las audiencias, aunque no existe un plazo garantizado. En cualquier caso, una resolución sobre las medidas provisionales no significaría una definición definitiva sobre la soberanía de las islas.
Una disputa que también se juega en los tribunales argentinos
La presentación internacional se suma a las acciones judiciales y diplomáticas que buscan impedir la explotación petrolera en la zona. En septiembre, el Juzgado Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar distintas actividades vinculadas con Sea Lion, entre ellas perforaciones, instalación de infraestructura y extracción comercial de hidrocarburos.
La medida cautelar fue dictada ante una presentación de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que denunciaron posibles daños ambientales y a la soberanía nacional. La jueza también señaló que no se había iniciado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente ante las autoridades argentinas.
La disputa por Malvinas excede así el reclamo diplomático: involucra el control de los recursos naturales, la protección del Atlántico Sur y el cumplimiento de las resoluciones internacionales que reconocen que existe una controversia de soberanía pendiente de resolución.
Mientras el Reino Unido sostiene su administración sobre las islas y respalda las licencias petroleras, la Argentina busca impedir que esa ocupación se traduzca también en la explotación de los recursos de su plataforma continental. El reclamo en Hamburgo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central: la soberanía argentina sobre Malvinas y el rechazo a que una potencia extranjera disponga unilateralmente de los recursos naturales de un territorio cuya soberanía está en disputa.
