Lo hizo por decreto que fue publicado en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei y el ministro Carlos Presti. En el documento no se permite conocer el tipo de material, el costo y el proveedor de la operación, que se inscribe en un plan de modernización por el que ya se adquirieron cazas F-16, blindados Stryker y helicópteros Black Hawk
El Gobierno nacional declaró secreto militar las operaciones contractuales vinculadas con una nueva adquisición de material y equipamiento para las Fuerzas Armadas, mediante el Decreto 1205/2026, publicado el lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti.
El texto oficial no precisa qué equipos se comprarán, cuál será su costo, quién será el proveedor ni qué fuerza recibirá el material. La medida alcanza las operaciones identificadas en el expediente y exceptúa a los organismos contratantes de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones del proceso. Como fundamento, el Poder Ejecutivo sostiene que la divulgación de información sobre la naturaleza, las características y la finalidad de la adquisición podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.
La medida se inscribe en el proceso de modernización del equipamiento militar iniciado durante la gestión de Milei. Entre las principales incorporaciones de los últimos años figuran los 24 aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca, los vehículos blindados Stryker y los helicópteros Black Hawk. Sin embargo, el nuevo decreto tramita bajo un expediente diferente y no identifica públicamente el material involucrado, por lo que no hay elementos para afirmar que se trate de una ampliación de esos programas.
Estados Unidos y una diferencia diplomática por Malvinas
La publicación del decreto coincide con un escenario diplomático complejo para la Argentina ya que la representación estadounidense propuso disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU, conocido como C-24, al considerar que perdió su propósito original y que sus actividades implican un uso innecesario de recursos.
El problema radica en que es allí donde Argentina mantiene el reclamo de soberanía sobre las islas. Cada año, el organismo adopta una resolución que insta a Buenos Aires y a Londres a reanudar las negociaciones bilaterales para encontrar una solución a la disputa. Su eventual disolución supondría la pérdida de uno de los foros internacionales en los que el país mantiene vigente su posición sobre Malvinas.
El planteo fue presentado durante una sesión del organismo y quedó consignado en las comunicaciones oficiales de Naciones Unidas.
Si bien el decreto de secreto militar y la propuesta estadounidense de disolver el C-24 son decisiones diferentes, el desafío para la administración de Milei será compatibilizar su estrategia de modernización militar y su vínculo con Washington con la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur, en particular frente al Reino Unido y en los ámbitos multilaterales donde se discute la cuestión Malvinas.
