El presidente paraguayo quedó al borde de la destitución tras el derrumbe de Ueno Bank, una entidad vinculada a su trayectoria empresarial que dejó a millones de usuarios sin acceso a sus depósitos. La acusación apunta a posibles conflictos de intereses, concentración de fondos públicos y presuntas irregularidades en el manejo de recursos previsionales. Peña presentó su renuncia en plena sesión, pero el Congreso no le dio curso. Ahora pidió 72 horas para preparar su defensa.
La crisis política y financiera de Paraguay escaló esta semana hasta poner en riesgo la continuidad de Santiago Peña en la Presidencia. La Cámara de Diputados aprobó el jueves, con 78 votos, la acusación para someterlo a juicio político por mal desempeño de sus funciones. El expediente pasó al Senado, que debe actuar como tribunal y decidir si corresponde su destitución.
La votación se produjo en medio del escándalo por la intervención y posterior cierre de Ueno Bank, una entidad financiera que tenía alrededor de 2,9 millones de clientes y que dejó a miles de personas sin acceso a sus ahorros. La crisis también puso bajo la lupa el destino de cientos de millones de dólares en fondos públicos que estaban depositados en el banco.
En plena sesión legislativa, Peña anunció que presentaba su renuncia. Sin embargo, el Congreso no pudo tratarla por falta de quórum, luego de que varios legisladores oficialistas abandonaran la sesión. De ese modo, el mandatario continuó formalmente en el cargo y el proceso de juicio político siguió adelante.
Los vínculos de Peña con el banco y los fondos públicos bajo sospecha
El eje de la acusación es la relación del presidente con el grupo empresarial que controlaba Ueno. Peña había sido accionista de Ueno Holding, conglomerado al que pertenecía la entidad bancaria, hasta marzo de 2025.
El libelo acusatorio presentado por los legisladores sostiene que existió un conflicto de intereses y cuestiona decisiones del Gobierno que habrían favorecido la concentración de recursos públicos en la entidad. También apunta contra la designación de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay.
Otro de los puntos más sensibles es el dinero del Instituto de Previsión Social (IPS), el sistema previsional paraguayo. Los diputados denunciaron que cientos de miles de millones de guaraníes de esos fondos se concentraron en Ueno Bank, por encima de los límites que establece la normativa.
La crisis no se limita a una disputa entre sectores políticos: compromete los ahorros de millones de usuarios y recursos públicos destinados, entre otros fines, al sistema previsional. Según Associated Press, el banco tenía cerca de 800 millones de dólares en depósitos estatales.
El Banco Central ordenó la intervención luego de detectar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. También se investigan operaciones de crédito con vinculados, documentación insuficiente y activos registrados de manera irregular. La crisis derivó en investigaciones penales y en la imputación de 27 directivos y personas relacionadas con el banco, según AP.
Peña pidió 72 horas para defenderse
Tras la aprobación de la acusación en Diputados, el Senado comenzó a intervenir en el proceso. Este viernes, Peña informó que solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa.
El mandatario argumentó que recibió el escrito acusatorio durante la noche del jueves, con 15 páginas y cerca de 300 fojas de documentación anexa. “No se puede ejercer el derecho a la defensa en menos de 12 horas”, sostuvo en un mensaje público.
La Constitución paraguaya establece que Diputados tiene la facultad de formular la acusación y que el Senado debe juzgar al presidente. Para una eventual destitución se requiere una mayoría de dos tercios de los votos.
La ruptura con Horacio Cartes y el aislamiento político
El avance del juicio político también expuso la fractura dentro del Partido Colorado, la fuerza que llevó a Peña al poder. El expresidente Horacio Cartes, líder de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y uno de los principales impulsores de su candidatura, retiró su respaldo al mandatario y habilitó el acompañamiento del oficialismo al proceso de destitución.
La pérdida de ese apoyo resultó decisiva para que la iniciativa avanzara. Según Reuters, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, y Cartes habían retirado su respaldo a Peña antes de la votación en Diputados, dejándolo políticamente aislado.
La crisis también tiene una dimensión regional: Peña fue uno de los aliados latinoamericanos de Javier Milei y mantuvo coincidencias públicas con el presidente argentino en materia económica y política. El desenlace del proceso en Paraguay puede convertirse así en un revés para uno de los socios del oficialismo argentino en la región.
Por ahora, la continuidad de Peña depende de la decisión del Senado. Mientras tanto, la crisis de Ueno Bank dejó al descubierto el impacto que puede tener la concentración de fondos públicos y previsionales en una entidad privada, y abrió una discusión que excede la suerte política del presidente: quién responde por los ahorros de la población y por el manejo de los recursos del Estado.
