La visita del papa León XIV quedó envuelta en un escándalo por el espacio exclusivo que se montó en Palermo para políticos, empresarios y famosos, con catering, aire acondicionado y baños especiales. La producción del evento fue adjudicada por $8.690 millones a una empresa privada y el costo total de la organización superó los $20.000 millones. Diputados presentaron denuncias y pedidos de informes para investigar las contrataciones y el uso de fondos públicos.
La multitudinaria misa que el papa León XIV celebró en el Monumento a los Españoles terminó dejando una polémica que contradice el mensaje de humildad, solidaridad y cercanía con los más necesitados que atravesó su visita a la Argentina.
Mientras miles de fieles viajaron desde distintos puntos del país, pasaron la noche en la calle y esperaron durante horas bajo el sol para participar de la celebración, un grupo selecto de dirigentes políticos, empresarios y figuras del espectáculo tuvo acceso a una carpa VIP con aire acondicionado, baños especiales y servicio de catering.
El espacio exclusivo desató críticas por el contraste entre las comodidades reservadas para los invitados y las condiciones en las que debió esperar el resto de los asistentes. Pero la controversia fue más allá de las imágenes: también quedaron bajo cuestionamiento los contratos millonarios que el Estado destinó a la organización del evento.
Más de $20.000 millones para organizar la visita papal
De acuerdo con la investigación de Chequeado, la Jefatura de Gabinete de la Nación adjudicó por contratación directa a DF Entertainment SA la producción integral de la misa y la vigilia de jóvenes por $8.690 millones. El contrato incluía la logística general, la seguridad y la atención del sector reservado.
La carpa VIP tenía una dimensión de 30 por 40 metros y capacidad para 250 personas. Contaba con alfombras, climatización, baños acondicionados y un servicio de catering con bebidas y alimentos.
El costo específico de la carpa no aparece discriminado en los documentos de contratación. Por eso, no es posible afirmar cuánto se gastó exclusivamente en ese espacio.
Sin embargo, la suma de los procedimientos vinculados con la organización de la misa y la vigilia superó los $20.000 millones, según la documentación relevada por medios periodísticos y las denuncias presentadas ante la Justicia.
Uno de los puntos cuestionados es que la contratación se realizó mediante un procedimiento directo por razones de urgencia, pese a que la visita papal había sido anunciada varios meses antes.
Famosos, empresarios y funcionarios en el sector exclusivo
Las imágenes de la carpa VIP circularon rápidamente en redes sociales y dejaron expuesta la lista de invitados que accedieron al espacio reservado.
Entre las figuras mencionadas estuvieron Carolina Pampita Ardohain, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Analía Franchín, Florencia de la V, Claudia Villafañe y el periodista Eduardo Feinmann. También participaron empresarios y funcionarios del Gobierno nacional.
La polémica se profundizó porque los invitados tuvieron acceso a un sector privilegiado, mientras que miles de personas que habían viajado para ver al Papa quedaron detrás de las vallas y a una distancia considerable del altar.
La discusión también alcanzó al Gobierno porteño, que intervino en la selección de invitados, y al Ejecutivo nacional, responsable de la contratación y el financiamiento de la producción
Jorge Macri reconoció que hubo gastos innecesarios
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió a responder por la polémica y reconoció que algunos aspectos del catering podrían haberse evitado.
“Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más”, sostuvo. Sin embargo, relativizó las críticas y afirmó que no se trató de un lujo descomunal.
Macri argumentó que era necesario disponer de espacios para autoridades, periodistas, representantes de la Iglesia y trabajadores que debían llegar varias horas antes por los cortes de tránsito y las restricciones de acceso.
Sus explicaciones no cerraron la controversia. El diputado socialista Esteban Paulón cuestionó esa justificación y señaló que el espacio destinado a los integrantes del coro y al personal que trabajaba en el evento era diferente de la carpa VIP donde se ofrecía catering exclusivo.
Denuncias penales y pedidos de explicaciones al Gobierno
La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal para que se investiguen las contrataciones vinculadas con la organización de las actividades papales, los montos desembolsados y la participación de empresas relacionadas con integrantes de la familia Menem.
La legisladora puso bajo la lupa a DF Entertainment, encargada de la producción, y a otras firmas vinculadas con los servicios de seguridad. También cuestionó el mecanismo de contratación directa y reclamó que se esclarezca cómo se distribuyeron los fondos públicos.
Por su parte, Esteban Paulón impulsó un pedido para que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno concurran al Congreso a explicar quién decidió las invitaciones, cuáles fueron los criterios de selección y cómo se organizó el sector exclusivo.
Las presentaciones buscan determinar si existieron irregularidades en las contrataciones y establecer las responsabilidades correspondientes. Por el momento, las denuncias no constituyen una prueba de delito ni implican que haya responsables judicialmente condenados.
Un mensaje de solidaridad y una organización para privilegiados
El escándalo dejó expuesta una contradicción difícil de ignorar: durante una visita en la que el Papa insistió en la dignidad humana, la justicia social y la atención a los sectores vulnerables, la organización del evento reservó comodidades especiales para un grupo reducido de invitados.
La discusión no pasa solamente por las medialunas, los canapés o el aire acondicionado. También apunta a quién decidió montar ese espacio, quién seleccionó a sus ocupantes, cuánto dinero público se destinó a la organización y por qué se recurrió a contrataciones directas por cifras millonarias.
Mientras el Gobierno y la administración porteña buscan deslindar responsabilidades, las explicaciones pendientes deberán llegar al Congreso y a la Justicia.
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