Foto: Tiempo Argentino (Política)
- Primera audiencia en Hamburgo el 10 de noviembre: Argentina pide frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.
- Hecho inédito: es la primera vez que Argentina lleva al Reino Unido ante un tribunal internacional por soberanía malvinense.
- Conflicto sobre plazos: Diario Popular indica inicio de perforaciones en enero de 2027; Tiempo Argentino reporta que fue aplazado al 21 de marzo de ese año.
- Las audiencias concluyen el 11 de noviembre; el Gobierno contempla tres escenarios posibles para la resolución del Tribunal.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebró el martes 10 de noviembre en Hamburgo, Alemania, la primera audiencia sobre la solicitud argentina de medidas provisionales contra el Reino Unido para frenar la explotación de petróleo en las Islas Malvinas. Es la primera vez que Argentina lleva al Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada con la soberanía de las islas.
El reclamo apunta contra el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, ubicado a unos 198 kilómetros al norte de las islas, en un área de 541 kilómetros cuadrados. Argentina solicita al Tribunal que dicte medidas provisionales para impedir el inicio o la continuidad de la explotación petrolera mientras se resuelve el arbitraje internacional.
El planteo incluye cuatro pedidos concretos: impedir el inicio o la continuidad de la explotación petrolera, evitar que se otorguen nuevos permisos en el área, preservar la información obtenida durante las tareas de exploración y garantizar la protección del medio marino.
Mario Oyarzábal, Consejero Legal de la Cancillería, actuó como agente ante el Tribunal y subrayó la urgencia del reclamo: “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”. Oyarzábal argumentó además que si se cumplen los plazos anunciados para la perforación, “los trabajos preparatorios ya estarían en marcha y el Tribunal Arbitral no estaría en condiciones de brindar a la Argentina una protección efectiva”.
El funcionario también advirtió que “la perforación altera de manera permanente el lecho y el subsuelo marino” y que ninguna indemnización posterior “podría restablecer el status quo”. El proyecto Sea Lion contempla la explotación de la cuenca durante 35 años, con la posibilidad de alcanzar la perforación de 23 pozos de producción.
Sobre los plazos del proyecto, las fuentes difieren: según Diario Popular, las empresas involucradas proyectan comenzar las perforaciones en enero de 2027, con el objetivo de alcanzar la producción comercial en 2028; en cambio, Tiempo Argentino informa que las autoridades británicas aplazaron el inicio de la perforación al 21 de marzo del próximo año.
Del otro lado, el Reino Unido cuestiona que el Tribunal tenga jurisdicción para intervenir en el conflicto y sostiene que tiene derecho a desarrollar las actividades petroleras en las islas. La fiscal general británica Ellie Reeves viajó a Hamburgo al frente de un equipo de abogados para defender esa posición. No obstante, según fuentes oficiales, el Reino Unido se comprometió a cumplir una eventual decisión del organismo.
El Gobierno argentino contempla tres desenlaces posibles: que el Tribunal acepte la totalidad del reclamo y ordene detener las actividades; una resolución intermedia que acepte algunos pedidos y rechace otros; o que la solicitud sea rechazada por falta de jurisdicción o porque los jueces consideren que no están dadas las condiciones de urgencia. Las audiencias se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre, cuando se celebrará la segunda y última ronda de exposiciones entre ambas partes.
La estrategia argentina se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y en distintas resoluciones de la ONU que reconocen la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. El Gobierno también cuestionó que el Reino Unido autorizó “unilateralmente” la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental circundante a las islas y prorrogó por cinco años las licencias de producción de hidrocarburos.
