Foto: Pressenza (Derechos Humanos)
- El 24 de octubre de 2026, el decreto de seguridad italiano dejó 4.292 identificados y 371 trasladados a comisaría.
- Entre los retenidos había 110 menores; organismos de DDHH cuestionan las garantías durante las retenciones.
- CIVICUS Monitor degradó en diciembre de 2025 el espacio cívico italiano a «Obstruido», bajo el Gobierno Meloni.
- El 29% de encuestados por la Agencia de DDHH de la UE evitaría manifestarse si se usara reconocimiento facial.
La primera aplicación masiva del nuevo decreto de seguridad italiano se saldó el 24 de octubre de 2026 con 4.292 personas identificadas y 371 trasladadas a dependencias policiales, entre ellas 110 menores de edad. Los datos, recogidos por Pressenza, sitúan a Italia en el centro de un debate europeo sobre el alcance de la intervención policial preventiva y sus efectos sobre los derechos fundamentales.
El decreto fue aprobado en octubre de 2026 tras los graves disturbios registrados en Milán. La norma introduce nuevas figuras penales, amplía las posibilidades de intervención policial preventiva e incluye medidas que afectan específicamente a menores. También contempla sanciones para determinados comportamientos violentos cometidos colectivamente y nuevas restricciones sobre personas consideradas susceptibles de alterar el orden público.
El 3 de noviembre de 2026, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos —iniciativa conjunta de FIDH y OMCT— junto con la Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani advirtió de que “las nuevas disposiciones pueden comprometer el derecho de reunión pacífica y las garantías específicas que deben proteger a los menores”. La declaración se produjo días después de las retenciones masivas del 24 de octubre.
Testimonios recogidos por El País y solicitudes de asistencia recibidas por la plataforma Hub for Defenders —impulsada por Amnistía Internacional Italia y ARCI— plantearon interrogantes sobre las garantías de información, la comunicación con familiares y la asistencia durante esas retenciones. No trascendió cuánto tiempo permanecieron detenidas las personas trasladadas a comisaría ni cuántos de los menores pudieron contactar a sus familias o recibir asistencia letrada.
El contexto institucional ya venía deteriorándose. En diciembre de 2025, CIVICUS Monitor había rebajado la calificación del espacio cívico italiano de «Narrowed» (restringido) a «Obstructed» (obstruido), alertando de un deterioro de las condiciones para el ejercicio de las libertades civiles bajo el Gobierno de Giorgia Meloni. El informe de 2026 del European Civic Forum va más lejos y señala a Italia —junto a Finlandia, Francia, Países Bajos y España— como uno de los países donde se han usado herramientas de vigilancia contra activistas, periodistas y organizaciones sociales, advirtiendo de un efecto disuasorio sobre la participación ciudadana.
ARCI recogió esa misma alerta en su informe europeo de 2026, describiendo una aceleración del endurecimiento en los dos últimos años con especial incidencia sobre movimientos de justicia social y climática, solidaridad con Palestina, derecho a la vivienda y participación democrática. Amnistía Internacional, FIDH, OMCT y Civic Space Watch coinciden en documentar ese proceso.
La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE publicó el 30 de septiembre de 2026 un informe que aporta un dato de alcance más amplio: el 29% de las personas encuestadas declaró que sería menos proclive a participar en manifestaciones pacíficas si se utilizase reconocimiento facial, lo que ilustra el efecto disuasorio que los organismos de derechos humanos atribuyen a la tecnovigilancia en el espacio público europeo.
