El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier Milei, a Karina Milei y al resto de los acusados en la investigación por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Horas después, el Presidente celebró la decisión judicial en la cena anual de la Fundación Faro, acusó a la oposición de intentar desplazarlo por la vía institucional y lanzó duras advertencias contra periodistas y medios que investigaron el caso.
La resolución llegó después del pedido de sobreseimiento del fiscal Eduardo Taiano y concluyó que los hechos investigados no encuadraban en una figura penal. Sin embargo, la decisión también generó cuestionamientos por las medidas de prueba que quedaron pendientes y porque los acusados no habían sido llamados a indagatoria.
Un fallo que cerró la causa, pero dejó interrogantes
La investigación se había iniciado tras la publicación que Milei realizó en X el 14 de febrero de 2025 para promocionar el proyecto cripto $LIBRA. El valor del token subió rápidamente y luego se desplomó, lo que provocó pérdidas entre miles de compradores y denuncias por presunta estafa.
El juez consideró que no se acreditó un engaño penalmente relevante ni pruebas suficientes de pagos indebidos a funcionarios o de tráfico de influencias. También sostuvo que la promoción presidencial pudo haber generado mayor visibilidad y confianza en el activo, pero que ese efecto no alcanzaba, por sí solo, para configurar una estafa.
Sin embargo, el cierre judicial dejó puntos sin resolver ya que no se completó la trazabilidad de todos los fondos, no se pudo conocer el contenido de algunas comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli y tampoco quedó claro el destino de documentación encontrada en el teléfono del lobista. Además, el sobreseimiento se dictó sin que Milei, su hermana ni los otros imputados hubieran sido llamados a indagatoria.
“No vamos a tener piedad”: las advertencias contra periodistas
Durante la cena anual de la Fundación Faro, el Presidente no se limitó a celebrar la decisión judicial. También apuntó contra quienes investigaron y difundieron información sobre el caso, a quienes calificó de “ensobrados, corruptos y mercenarios de la mentira”.
En ese mismo discurso, Milei lanzó una advertencia: “No vamos a tener piedad”, en un mensaje dirigido contra quienes considera responsables de haber perjudicado su imagen. Las expresiones reavivaron las críticas por el tono de confrontación del mandatario con el periodismo y por el efecto que ese tipo de declaraciones puede tener sobre la libertad de expresión.
El Presidente también cuestionó a dirigentes opositores y periodistas, y exigió que alguien se hiciera cargo de lo que definió como un año y ocho meses de “mentiras, calumnias e injurias”. En su interpretación, la investigación habría formado parte de una maniobra destinada a debilitarlo políticamente.
De la causa judicial al relato del “golpe institucional”
Milei presentó el sobreseimiento como una demostración de que su Gobierno actuó correctamente y de que las instituciones republicanas funcionaron. Sin embargo, fue más allá de la resolución judicial al describir la investigación como un intento de golpe de Estado.
El fallo determinó que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal; no estableció que hubiera existido un plan para derrocar al Presidente. La diferencia es importante: el sobreseimiento es una decisión judicial sobre la responsabilidad penal investigada, mientras que la afirmación de que existió un intento de golpe institucional pertenece a la interpretación política de Milei.
La causa $LIBRA queda así atravesada por dos discusiones: por un lado, el alcance de una resolución que benefició al Presidente y al resto de los acusados pese a las preguntas pendientes; por otro, la reacción de un mandatario que convirtió el fallo en una ofensiva contra sus críticos.
