La expresidenta y su hijo afrontan un nuevo proceso judicial que busca determinar si los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia se utilizaron para canalizar fondos de origen ilícito. El debate comenzó este viernes en los tribunales de Comodoro Py, tras la decisión de unificar las causas. Entre los acusados también están los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La apertura del juicio marca un nuevo capítulo en una investigación que lleva más de una década y que busca establecer si existió un circuito de retornos entre empresarios que recibieron contratos estatales y las sociedades de la familia Kirchner. Las acusaciones deberán ser probadas durante el debate oral y los imputados conservan el derecho a defenderse.
Qué investiga la causa Hotesur-Los Sauces
El expediente reúne dos investigaciones vinculadas con las actividades hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner. La hipótesis de la fiscalía sostiene que parte del dinero obtenido por empresarios beneficiados con contratos de obra pública habría regresado al patrimonio familiar mediante el pago de alquileres, habitaciones de hotel y otras operaciones comerciales.
Por un lado, Hotesur se centra en la actividad hotelera, entre ella la administración del hotel Alto Calafate. Por otro, Los Sauces analiza contratos inmobiliarios y alquileres vinculados con empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, asociado a Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Según la acusación, esas operaciones habrían servido para disimular el origen ilícito de los fondos. La defensa de los acusados cuestiona las imputaciones y el proceso deberá determinar si las transacciones constituyeron negocios legítimos o formaron parte de una maniobra delictiva.
Cheques, contratos y propiedades: las pruebas contra Máximo Kirchner
Uno de los puntos centrales del debate será el papel que habría desempeñado Máximo Kirchner en la administración de Los Sauces. La documentación reunida por los investigadores incluye cheques, contratos, movimientos bancarios y operaciones inmobiliarias que, para la fiscalía, demostrarían su intervención en el manejo de la sociedad.
Entre los elementos señalados por la acusación figura un cheque proveniente de Valle Mitre, la firma vinculada a Báez que participó en el negocio hotelero familiar. Los investigadores también examinan la evolución patrimonial de Los Sauces y la adquisición de propiedades en Puerto Madero.
La fiscalía sostiene que Máximo tuvo un rol activo en las operaciones y le atribuye responsabilidades en una presunta asociación ilícita y en maniobras de lavado de activos. Esas acusaciones, al igual que las dirigidas contra su madre, deberán ser discutidas y evaluadas en el juicio.
Un proceso con 19 acusados y audiencias presenciales
El Tribunal Oral Federal N.º 5 estará a cargo del debate, que incluye a 19 imputados. Además de Cristina y Máximo Kirchner, están acusados Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros involucrados en las operaciones investigadas.
La primera audiencia se realiza con una modalidad excepcional: Cristina y Máximo fueron autorizados a conectarse de manera virtual durante la lectura de las acusaciones. La autorización se limita a esa instancia inicial; el tribunal estableció que el juicio no se desarrollará de forma virtual y que los abogados deberán asistir presencialmente.
El inicio conjunto se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la decisión de separar los expedientes. La fiscalía y la Unidad de Información Financiera habían cuestionado el desdoblamiento al considerar que ambas investigaciones comparten una hipótesis acusatoria y pruebas que conviene analizar en un mismo proceso.
Un nuevo frente judicial para la expresidenta
El juicio comienza mientras Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. Sin embargo, Hotesur y Los Sauces constituyen un expediente distinto: aquí se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita a través de negocios hoteleros e inmobiliarios.
La duración del proceso y la evaluación de la prueba serán claves para establecer si la acusación logra demostrar el circuito de fondos que describe. Por ahora, el inicio del debate no implica una nueva condena: la responsabilidad penal de los acusados deberá resolverse a partir de las pruebas y los argumentos presentados ante el tribunal.
