ATE y el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas resolvieron convocar a una huelga general con movilización para el día en que el proyecto oficialista sea tratado en el Senado. Además, evalúan adelantar protestas en las provincias contra los mandatarios que respalden la iniciativa. Rodolfo Aguiar denunció que la reforma busca quitar derechos y precarizar el empleo.
La resistencia sindical a la reforma laboral impulsada por Javier Milei comienza a tomar forma. El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, encabezado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), resolvió convocar a un paro general con movilización para el día en que el proyecto sea debatido en el Senado.
La decisión se tomó durante una reunión realizada en el Hotel Héctor Quagliaro, donde representantes de distintos sectores sindicales analizaron cómo coordinar una respuesta frente a una iniciativa que consideran un avance sobre derechos laborales conquistados durante décadas.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la huelga no puede ser una acción aislada y planteó la necesidad de construir un plan de lucha que comience antes del tratamiento legislativo. El dirigente también anticipó que se evalúa adelantar medidas de fuerza en distintas provincias durante los primeros días de febrero.
Los gobernadores, también en la mira de los sindicatos
Uno de los principales ejes de la estrategia sindical será apuntar contra los gobernadores que acompañen el proyecto del Gobierno nacional. Para Aguiar, los mandatarios provinciales no pueden desentenderse de las consecuencias de una reforma que, según denunció, implica un retroceso en materia de derechos laborales.
“Los gobernadores que decidan ser funcionales a Milei tienen que saber que esa decisión va a tener un costo”, advirtió el dirigente.
El titular de ATE también cuestionó las negociaciones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene con los mandatarios provinciales para conseguir respaldo legislativo. Según planteó, el Gobierno necesita de esos acuerdos para avanzar con la reforma y, por lo tanto, las provincias también deben asumir la responsabilidad política por su aprobación.
La intención del frente sindical es llevar las protestas a los distritos cuyos gobernadores respalden la iniciativa oficialista.
Qué cuestionan de la reforma laboral
Desde los gremios advierten que el proyecto no representa una modernización del mercado de trabajo, sino que debilita las protecciones laborales y modifica las condiciones en las que se desarrollan las relaciones entre empleadores y trabajadores.
Entre los puntos que generan preocupación mencionan los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, las modificaciones sobre la presunción de relación laboral para los monotributistas y las disposiciones que afectan el acceso a la Justicia laboral cuando el Estado nacional es parte de un conflicto.
Los sindicatos remarcan que la reforma también alcanzaría a numerosos organismos y empresas públicas cuyos trabajadores se encuentran comprendidos, total o parcialmente, por la Ley de Contrato de Trabajo. Entre ellos mencionan al PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, el Hospital Garrahan, Intercargo, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica y distintos organismos de la administración pública.
Por eso, rechazan el argumento de que la iniciativa solo tendría consecuencias sobre el empleo privado y advierten que también podría profundizar la precarización dentro del propio Estado.
Un frente sindical para enfrentar el proyecto oficialista
La reunión contó con la participación de organizaciones de distintos sectores: judiciales, trabajadores de la salud, viales, energéticos, telecomunicaciones, bancarios, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otros.
El objetivo es ampliar la coordinación gremial y construir una respuesta conjunta frente a una reforma que consideran regresiva. La convocatoria busca que el rechazo no quede limitado a declaraciones de las conducciones sindicales, sino que se traduzca en movilización y medidas de fuerza en todo el país.
Mientras el Gobierno busca reunir los apoyos políticos necesarios para avanzar con su proyecto, los sindicatos comienzan a organizar una estrategia de confrontación que apunta tanto al Ejecutivo como a los gobernadores que faciliten su aprobación.
La disputa por la reforma laboral empieza a trasladarse a las calles. Con el paro nacional anunciado para el día del debate en el Senado y la posibilidad de protestas anticipadas en las provincias, los estatales buscan impedir que el oficialismo avance sobre derechos laborales bajo la bandera de la modernización.
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