El oficialismo consiguió aprobar una iniciativa que modifica los procedimientos de desalojo y endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar. Sin embargo, tras los cambios introducidos en Diputados, el texto también restablece la Ley de Tierras y los límites a la compra de campos por extranjeros, que Milei había eliminado mediante el DNU 70/2023.
El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei para modificar las reglas sobre la propiedad y la intervención del Estado. La votación terminó con 42 votos afirmativos y 26 negativos, luego de un debate atravesado por fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición.
La norma introduce cambios en los procedimientos de desalojo, establece nuevas condiciones para las expropiaciones y modifica aspectos del registro de la propiedad inmueble. Pero también incorpora una definición que representa un retroceso para el plan original del Gobierno: restablece la Ley de Tierras Rurales, que había sido derogada por el DNU 70/2023.
La iniciativa completó así su recorrido parlamentario y quedó sancionada.
Desalojos más rápidos y menos garantías para quienes ocupan inmuebles
Uno de los puntos más cuestionados de la reforma es la modificación de los procedimientos judiciales para recuperar propiedades. El proyecto establece un trámite sumarísimo, es decir, un proceso abreviado, y permite que los jueces ordenen la entrega inmediata de un inmueble cuando el propietario presente documentación que acredite su derecho y el reclamo resulte verosímil.
En determinados casos, el magistrado podrá intimar la restitución del inmueble en un plazo de apenas 72 horas. Además, se reemplaza la garantía económica que se exigía para solicitar la desocupación inmediata por una caución juratoria, una declaración mediante la cual el solicitante asume responsabilidad por su reclamo.
La reforma también establece condiciones para los casos de falta de pago de alquileres: el propietario deberá intimar al inquilino mediante carta documento y otorgarle al menos diez días corridos para regularizar la deuda antes de avanzar judicialmente.
Aunque el texto contempla que, si en el inmueble viven menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez convoque a los organismos correspondientes para procurar una alternativa habitacional transitoria, esa intervención no suspende el proceso de desalojo.
Más restricciones para las expropiaciones del Estado
Otro capítulo de la ley modifica las condiciones bajo las cuales el Estado puede expropiar bienes privados. La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y las autoridades tendrán que fundamentar con mayor precisión los motivos de la medida.
Además, se establecen cambios en el cálculo de las indemnizaciones, con un límite del 30% para el reconocimiento del lucro cesante y una actualización de los intereses.
Desde el oficialismo defienden estos cambios como una forma de reforzar la seguridad jurídica y proteger el derecho de propiedad. Sin embargo, los cuestionamientos apuntan a que las nuevas exigencias pueden reducir la capacidad estatal para intervenir en situaciones donde exista un interés público que justifique una expropiación.
Marcha atrás del Gobierno: vuelve la Ley de Tierras
La discusión sobre la extranjerización de tierras fue uno de los puntos centrales del recorrido parlamentario. El DNU 70/2023 había derogado la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Sin embargo, durante el tratamiento en Diputados se incorporaron dos artículos para dejar sin efecto esa derogación y restablecer la normativa. El Senado ratificó esos cambios y, de esta manera, volvió a quedar vigente el límite del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial y departamental. También se mantienen restricciones específicas para zonas de frontera y determinadas áreas estratégicas.
La restitución representa una marcha atrás respecto del objetivo inicial del Ejecutivo, que buscaba eliminar las restricciones para facilitar la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.
Qué quedó afuera de la ley
Durante las negociaciones parlamentarias, el oficialismo debió retirar otros puntos que habían generado fuertes cuestionamientos. Finalmente, no prosperaron las modificaciones al régimen de protección de los barrios populares ni los cambios a la Ley de Manejo del Fuego.
De esta manera, se mantiene la suspensión de los desalojos en los barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) hasta octubre de 2032, así como las disposiciones vigentes para avanzar en la regularización dominial.
Una reforma que favorece la posición de los propietarios
La sanción de la ley representa un triunfo legislativo para el Gobierno, aunque el texto final quedó lejos de la versión original que había impulsado. La restitución de la Ley de Tierras y la eliminación de los cambios sobre barrios populares y Manejo del Fuego muestran que el oficialismo tuvo que ceder en aspectos centrales para conseguir los votos.
Sin embargo, los cambios que sí quedaron en pie modifican las condiciones para recuperar inmuebles y restringen las herramientas del Estado para avanzar con expropiaciones. En un país atravesado por dificultades de acceso a la vivienda, conflictos por la tierra y disputas por el uso de los recursos naturales, la nueva normativa abre otro frente de discusión sobre a quién protege el Estado y qué lugar ocupan los derechos sociales frente a los intereses de los propietarios.
La ley quedó sancionada, pero el debate está lejos de terminar: detrás de la consigna de defender la propiedad privada se modifican reglas que pueden tener consecuencias concretas para inquilinos, familias vulnerables y comunidades que reclaman el acceso a la tierra.
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