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La ONU puso bajo la lupa el ajuste de Milei: denunció recortes en comedores y reclamó explicaciones al Gobierno

Cuatro relatorías y grupos de trabajo de Naciones Unidas enviaron una carta al Ejecutivo para advertir sobre el impacto de las políticas económicas y sociales en el derecho a la alimentación. Señalaron la reducción de la asistencia a comedores, familias y huertas comunitarias. El Gobierno no respondió las diez preguntas planteadas por el organismo.

El ajuste del gobierno de Javier Milei sobre las políticas de asistencia social llegó nuevamente al centro de la escena internacional. Cuatro relatorías y grupos de trabajo de las Naciones Unidas enviaron una carta al Estado argentino para expresar su preocupación por los recortes en los programas alimentarios y advertir que las medidas adoptadas desde diciembre de 2023 pueden comprometer el derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables.

La comunicación, fechada el 9 de septiembre, se conoció este viernes 20 de noviembre, una vez vencido el plazo de dos meses que tenía el Gobierno para presentar una respuesta. Según la información difundida, el Ejecutivo no contestó las diez preguntas formuladas por los especialistas de Naciones Unidas.

En el documento, los representantes del organismo señalaron que la situación genera “serias preocupaciones respecto de la realización del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas en Argentina”, especialmente para mujeres, niños, niñas, hogares de bajos ingresos, agricultores familiares y comunidades rurales.

Los recortes a comedores, en el centro de la advertencia

La carta pone especial atención en la reducción de los recursos destinados a los comedores comunitarios y a los programas de asistencia alimentaria para familias. También advierte sobre la interrupción o disminución de iniciativas vinculadas con huertas familiares, comunitarias y escolares.

Uno de los puntos más preocupantes es la evolución del programa Alimentar Comunidad, destinado a brindar asistencia a espacios comunitarios que entregan alimentos a personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con los datos difundidos sobre el Presupuesto 2027, el programa que abastece a comedores comunitarios contempla una nueva reducción de casi el 10% en términos reales. De concretarse, el recorte acumulado desde diciembre de 2023 alcanzaría el 47,6%.

A ese escenario se suma la eliminación del programa Volver al Trabajo, que incluía entre sus beneficiarios a numerosas mujeres que cumplen tareas de preparación y distribución de alimentos en comedores populares.

También cuestionaron la desregulación de los alimentos

La advertencia internacional no se limita a los recortes presupuestarios. Los especialistas también pusieron bajo análisis las modificaciones normativas impulsadas por Milei, entre ellas las disposiciones del DNU 70/2023 que derogaron la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y eliminaron el Observatorio de Precios.

Según el planteo, estos cambios redujeron las herramientas estatales para intervenir y monitorear la comercialización de productos esenciales, en un contexto de aumentos de precios que afectan especialmente a los hogares de menores ingresos.

Además, las relatorías expresaron preocupación por las consecuencias que podrían tener determinadas disposiciones de la Ley Bases, el RIGI y las modificaciones sobre el régimen de propiedad privada. En particular, advirtieron sobre los riesgos de una mayor concentración de tierras, la presión sobre los recursos naturales y las condiciones de acceso a la tierra de las comunidades rurales.

Diez preguntas que el Gobierno dejó sin responder

La presentación que dio origen a la intervención de Naciones Unidas había sido realizada en mayo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Mesa Agroalimentaria Argentina y otras organizaciones.

Tras analizar la información recibida, las cuatro relatorías enviaron una comunicación al Estado argentino con diez preguntas sobre las políticas implementadas, sus consecuencias sociales y las medidas previstas para garantizar el acceso a los alimentos.

Entre otros puntos, solicitaron información sobre la continuidad de los programas de asistencia, la protección de los hogares que dependen de los comedores y el diálogo del Gobierno con las organizaciones de la sociedad civil afectadas por las medidas.

La última pregunta reclamó precisiones sobre cómo el Ejecutivo mantiene un diálogo constructivo con los sectores vulnerables y de qué manera Naciones Unidas podría colaborar en el seguimiento de la situación del derecho a la alimentación en el país.

La falta de respuesta del Gobierno deja sin aclaraciones los cuestionamientos planteados por los especialistas internacionales.

El ajuste social, bajo observación internacional

La advertencia representa un nuevo cuestionamiento internacional a las consecuencias de las políticas económicas y sociales de la administración libertaria. Mientras el Gobierno sostiene que la reducción del gasto público es necesaria para alcanzar el equilibrio fiscal, las organizaciones sociales y los sectores afectados denuncian el deterioro de la asistencia alimentaria y las dificultades crecientes para sostener los espacios comunitarios.

El señalamiento de Naciones Unidas vuelve a poner sobre la mesa una discusión central: el equilibrio de las cuentas públicas no puede analizarse al margen de sus consecuencias sobre las condiciones de vida de la población.

Con los comedores comunitarios cada vez más condicionados por la falta de recursos, la advertencia internacional pone al Gobierno frente a una pregunta que todavía no respondió: cómo garantizará el derecho a la alimentación de quienes dependen de la asistencia estatal para acceder a un plato de comida.

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