Foto: Página/12 (El País)
- La Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 sobre prepagas.
- Las empresas deberán pedir autorización estatal antes de aplicar nuevos aumentos en las cuotas.
- La Superintendencia de Servicios de Salud recupera sus facultades de fiscalización tarifaria.
- Hay alrededor de 500 causas similares pendientes en tribunales de todo el país.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían eliminado las facultades del Estado para controlar los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Como consecuencia directa de la decisión, las empresas de medicina prepaga deberán solicitar autorización al Gobierno antes de implementar nuevos aumentos en sus cuotas. La Superintendencia de Servicios de Salud recuperará las funciones de fiscalización sobre esas variaciones, que había perdido con la entrada en vigencia del decreto.
El origen del caso
La causa se inició a partir de una demanda presentada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical. La mujer cuestionó un aumento del 110% en el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, durante los primeros meses de aplicación del esquema de desregulación. Bobbio planteó que, de haberse aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%.
El reclamo llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del decreto y ordenó restablecer las atribuciones de la autoridad sanitaria, antes de que el caso escalara a la Corte Suprema. En el expediente que dio origen al fallo, Swiss Medical deberá gestionar ante la Superintendencia de Servicios de Salud la aprobación de los aumentos que quiera trasladar a la afiliada que inició la demanda.
Los fundamentos del fallo
La Corte sostuvo que los considerandos del DNU no demostraron una relación concreta entre la crisis económica y social invocada por el Gobierno y la necesidad de eliminar las potestades de la autoridad de aplicación. Para los jueces, tampoco se explicó de qué manera esa decisión podía contribuir a resolver la situación de emergencia. “No basta con invocar una emergencia genérica”, advirtieron los integrantes del máximo tribunal, y remarcaron que era necesario explicar por qué resultaba urgente quitarle al Estado las facultades de fiscalización sobre los aumentos.
La resolución no establece que las cuotas deban ajustarse exclusivamente por inflación ni fija un porcentaje máximo para las subas. El control deberá contemplar la estructura de costos de cada empresa y la razonabilidad de los cálculos utilizados para determinar los nuevos valores.
Alcance e impacto
Según la información del expediente, existen alrededor de 500 causas similares pendientes de resolución en distintos tribunales del país, vinculadas con los aumentos de las prepagas, lo que da una dimensión del impacto potencial del precedente.
Los artículos declarados inconstitucionales habían modificado la Ley de Medicina Prepaga y eliminado las atribuciones estatales para intervenir en la actualización de los valores de los planes de salud. La Corte consideró que las referencias generales a la crisis económica y a la situación del sistema de salud no alcanzaban para justificar la eliminación de controles previstos en una ley aprobada por el Congreso, y que una modificación de esa naturaleza debía respetar los mecanismos institucionales establecidos.




