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Tras meses de ajuste y reclamos, el Senado sancionó por unanimidad la Ley de Discapacidad y puso al Gobierno ante la obligación de garantizar las prestaciones

Con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa garantiza la continuidad de las pensiones, la actualización de los aranceles por inflación y la compatibilidad entre las prestaciones y el empleo registrado. La sanción llegó después de meses de reclamos de familias, prestadores y organizaciones, que denunciaron el deterioro del sistema durante la gestión de Javier Milei. Ahora, la principal preocupación pasa por el financiamiento y el cumplimiento efectivo de la norma por parte del Ejecutivo.

El Senado de la Nación sancionó este jueves la nueva Ley de Discapacidad con un respaldo unánime: 71 votos afirmativos y ninguno en contra. De esta manera, el Congreso aprobó definitivamente una iniciativa que busca garantizar la continuidad de las prestaciones y dejar atrás el esquema de emergencia que vence el próximo 31 de diciembre.

La aprobación representa un revés para el Gobierno de Javier Milei, que durante los últimos meses había impulsado modificaciones sobre distintos aspectos de la legislación y enfrentado fuertes cuestionamientos por los recortes, las auditorías y las dificultades que atravesaron las personas con discapacidad y las instituciones que las asisten.

El proyecto ya había obtenido una amplia mayoría en Diputados, con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. En el Senado, el consenso volvió a imponerse y obligó al oficialismo a acompañar un texto que conserva los principales beneficios reclamados por la oposición y las organizaciones del sector.

La sanción también llega después de una prolongada disputa política y social, con movilizaciones frente al Congreso y denuncias por el deterioro de las condiciones de atención, los atrasos en los pagos y la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones.

Qué garantiza la nueva Ley de Discapacidad

Uno de los principales cambios es que las disposiciones dejan de depender de una declaración de emergencia con vencimiento y pasan a integrar un régimen permanente.

Entre los puntos centrales de la normativa se encuentran:

  • Pensiones no contributivas: se mantiene el beneficio equivalente al 70% de la jubilación mínima.
  • Compatibilidad laboral: las personas con discapacidad podrán cobrar la pensión y trabajar en relación de dependencia o estar inscriptas en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
  • Actualización de prestaciones: se establece la actualización automática de los aranceles del nomenclador según la movilidad jubilatoria.
  • Cobertura médica: se garantiza el acceso a las prestaciones básicas de salud a través del programa Incluir Salud.
  • Financiamiento: se establecen partidas específicas y mecanismos para garantizar los recursos necesarios.
  • Deudas con prestadores: el Ejecutivo deberá presentar un cronograma de regularización dentro de los 30 días y cancelar las compensaciones pendientes en un plazo máximo de 90 días.

La ley también establece mecanismos de auditoría y control de las pensiones, aunque contempla garantías de notificación y debido proceso para evitar suspensiones arbitrarias.

Las advertencias al Gobierno: la ley no puede quedar en el papel

Aunque la aprobación fue unánime, durante el debate varios senadores advirtieron que la sanción legislativa no alcanza si el Poder Ejecutivo no garantiza los fondos necesarios para implementar las medidas.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el Presupuesto 2027, que todavía debe contemplar los recursos necesarios para sostener el sistema.

La senadora radical Mariana Juri pidió expresamente que se incorporen las partidas correspondientes y advirtió que no alcanza con aprobar la normativa si después no existen fondos para cumplirla.

También hubo preocupación por la capacidad operativa de los organismos encargados de gestionar los beneficios. La senadora Alicia Kirchner cuestionó la estructura disponible para atender a los beneficiarios y advirtió sobre las dificultades que podrían surgir en la implementación.

Desde el peronismo, Juliana Di Tullio también apuntó contra la gestión libertaria y cuestionó el tratamiento que recibieron las personas con discapacidad durante los últimos meses.

Una derrota política para Milei después de meses de conflicto

La sanción de la ley representa una definición política importante para el Gobierno. Durante meses, las organizaciones de discapacidad, familiares y prestadores denunciaron el impacto de las políticas de ajuste sobre un sistema que ya atravesaba dificultades económicas.

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió cuando el Ejecutivo incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 modificaciones que buscaban derogar aspectos centrales de la legislación sobre discapacidad que se estaba negociando en el Congreso. La situación generó fuertes tensiones incluso dentro del oficialismo.

Finalmente, el Gobierno debió aceptar un texto consensuado con la oposición que mantiene las principales garantías del sistema.

La votación de este jueves dejó una señal contundente: los 71 senadores presentes respaldaron la iniciativa, sin votos negativos ni abstenciones.

Sin embargo, el desafío recién comienza. La reglamentación, la asignación presupuestaria y la cancelación de las deudas con los prestadores serán determinantes para que la ley se traduzca en mejoras concretas.

Después de meses de incertidumbre, reclamos y movilizaciones, las personas con discapacidad consiguieron una respuesta del Congreso. Ahora, la responsabilidad de cumplirla recae sobre el Gobierno de Milei.

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