La Cámara alta debate este jueves el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa busca transformar en permanentes los principales beneficios de la actual Ley de Emergencia, que vence en diciembre. También contempla la compatibilidad entre pensiones y empleo registrado, la actualización de aranceles y un esquema de financiamiento para el sector.
El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves, desde las 11, el proyecto de una nueva Ley de Discapacidad, que busca garantizar la continuidad de las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y reúne un amplio respaldo de los distintos bloques políticos.
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, retoma buena parte de las disposiciones de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero introduce una modificación central: busca eliminar su carácter transitorio y convertir sus principales garantías en una política permanente.
La discusión llega en un contexto de preocupación entre las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones prestadoras, que vienen reclamando por la situación económica del sector, los atrasos en los pagos y la actualización de los valores de las prestaciones.
Qué establece el proyecto
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad con un empleo registrado o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos totales no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Además, establece que las pensiones equivalgan al 70% del haber mínimo jubilatorio para quienes cumplan con los requisitos correspondientes.
Otro aspecto relevante es la actualización periódica de los aranceles que reciben los prestadores del sistema, vinculada a la movilidad jubilatoria y al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El texto también contempla:
- La continuidad de la cobertura médica básica del programa federal Incluir Salud.
- Un presupuesto para el área de Salud que no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.
- Un sistema de auditorías periódicas para controlar las prestaciones, con garantías de debido proceso.
- Un cronograma para regularizar las compensaciones adeudadas a los prestadores.
Asimismo, establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la normativa una vez sancionada.
Una ley que busca dejar atrás la emergencia
La Ley 27.793 estableció un régimen de emergencia para atender la situación del sector de la discapacidad. Sin embargo, su vigencia está prevista hasta diciembre de este año.
Por eso, uno de los objetivos centrales del nuevo proyecto es evitar que la continuidad de las prestaciones y los beneficios dependa de sucesivas prórrogas de una declaración de emergencia. La iniciativa obtuvo un amplio consenso durante su tratamiento en Diputados y ahora necesita la aprobación del Senado para convertirse en ley.
La sesión también incluirá otros proyectos, entre ellos la restitución de la Ley de Tierras y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.
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