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Panamá lanza plan nacional para proteger derechos de niñez y adolescencia

Foto: Pressenza (Política)

Las claves

  • Panamá lanzó un plan nacional para proteger los derechos de niñez y adolescencia.
  • El plan articula instituciones públicas, gobiernos locales y organizaciones sociales.
  • Meta: capacitar al 80% de servidores públicos de las instituciones clave del sistema.
  • Mecanismos territoriales previstos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y comarca Emberá Wounaan.

Panamá puso en marcha el Plan Nacional de Implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, una iniciativa que busca articular la actuación de las instituciones públicas, los gobiernos locales y las organizaciones sociales para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de esa población.

Entre las prioridades del plan figuran la prevención de las violencias, la protección frente al abuso, el acceso a servicios de salud, educación y protección social, y el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios responsables de atender a la infancia. Una de sus metas concretas es capacitar al 80% de los servidores públicos de las instituciones clave vinculadas al sistema.

El plan también incluye la creación y el fortalecimiento de mecanismos territoriales de protección en Panamá, Panamá Oeste, Colón y la comarca Emberá Wounaan. Asimismo, contempla el desarrollo de herramientas para identificar y dar seguimiento a los recursos públicos destinados a la niñez.

El proceso incorpora la participación de organizaciones de la sociedad civil y consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes, con el propósito de incluir sus perspectivas en las políticas que les afectan. La implementación estará a cargo de distintas instituciones, bajo mecanismos de coordinación y seguimiento encabezados por la Junta Directiva del Sistema de Garantías.

El desafío señalado es convertir el marco normativo y de planificación en servicios accesibles, recursos presupuestarios suficientes y mecanismos efectivos de exigibilidad de derechos, especialmente para quienes viven en comunidades indígenas, rurales y territorios con mayores desigualdades.

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