Los padres de la adolescente asesinada en Miramar en 2001 denunciaron que no fueron notificados de una audiencia en la que se analizó otro pedido de libertad condicional del expolicía Oscar Echenique, condenado a prisión perpetua por el femicidio. El juez Ricardo Perdichizzi deberá resolver si le concede el beneficio. «Quieren generar impunidad», denunció Gustavo Melmann.
A casi 26 años del femicidio de Natalia Melmann, su familia vuelve a enfrentarse a una instancia judicial que genera preocupación. Gustavo Melmann y Laura Calampuca, padres de la adolescente, denunciaron que no fueron notificados de una audiencia en la que se trató un nuevo pedido de libertad condicional de Oscar Echenique, uno de los cuatro policías bonaerenses condenados a prisión perpetua por el crimen.
La audiencia se realizó el jueves 12 de noviembre en el Juzgado de Ejecución Penal N.º 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Ricardo Perdichizzi. Según denunció Gustavo, ni él ni la madre de Natalia fueron convocados para participar de la instancia judicial.
«Estamos muy mal, sentimos una impotencia tremenda. Quieren generar impunidad», expresó el padre de la víctima en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.
Ahora, el magistrado deberá resolver si concede la libertad condicional al expolicía, que ya había solicitado anteriormente el beneficio. La familia cuestiona que se avance con este tipo de planteos sin garantizar su participación y advierte sobre los antecedentes de los permisos otorgados al condenado.
Echenique ya había recibido salidas transitorias
No es la primera vez que el expolicía intenta acceder a beneficios penitenciarios. Según recordó Gustavo Melmann, la Justicia ya le había concedido salidas transitorias de hasta 72 horas.
El padre de Natalia cuestionó especialmente la falta de controles durante esos permisos. Aseguró que Echenique «nunca fue controlado» mediante una pulsera electrónica ni por el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires.
La preocupación de la familia se profundizó luego de que, el 28 de septiembre, el juez Facundo Gómez Urso —quien reemplazó a Perdichizzi durante una licencia— le informara sobre una pericia psiquiátrica prevista para el 27 de mayo de 2027.
La realización de esa evaluación había sido comunicada como parte de las actuaciones vinculadas con la situación del condenado. Sin embargo, la audiencia del 12 de noviembre se llevó adelante sin que los padres de Natalia fueran convocados, según su denuncia.
Gómez Urso también había intervenido en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez, que posteriormente fue anulado por la Cámara de Casación por falta de perspectiva de género. El magistrado fue absuelto de las acusaciones disciplinarias vinculadas con aquella actuación.
El femicidio de Natalia y los policías condenados
Natalia tenía 15 años cuando fue raptada, torturada, abusada sexualmente y asesinada el 4 de febrero de 2001 en Miramar. Su cuerpo fue encontrado debajo de un montículo de hojas en el vivero Florentino Ameghino.
Por el crimen fueron condenados a prisión perpetua cuatro integrantes de la Policía Bonaerense: Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Ricardo Panadero.
Los cuatro recibieron condenas por delitos vinculados con el rapto, el abuso sexual agravado y el homicidio cometido para procurar la impunidad.
El caso tuvo un extenso recorrido judicial. Panadero había sido absuelto en dos oportunidades, pero en 2019 el Tribunal de Casación bonaerense anuló uno de esos fallos y ordenó realizar un nuevo juicio. En 2023 finalmente fue condenado a reclusión perpetua.
También fue condenado Gustavo «Gallo» Fernández, quien recibió inicialmente una pena de 25 años de prisión que luego fue reducida a diez años tras una revisión de Casación.
A 25 años, la familia sigue reclamando por el quinto implicado
Además de cuestionar el tratamiento de los beneficios penitenciarios, los padres de Natalia mantienen otro reclamo histórico: identificar al quinto hombre que habría participado del asesinato.
La investigación no logró determinar su identidad. Se realizaron cotejos de ADN a seis efectivos policiales, pero todos dieron resultados negativos y fueron absueltos.
La familia sostiene que el Estado tiene responsabilidad en el crimen y reclama que la investigación no quede cerrada mientras siga pendiente el esclarecimiento de la participación de todos los involucrados.
«Son 25 años de amor, dolor y lucha. Vamos a seguir luchando. Queremos memoria, verdad y justicia», expresó Gustavo Melmann.
Mientras esperan la decisión judicial sobre el pedido de Echenique, los padres de Natalia vuelven a exigir algo que consideran fundamental: que se respete su derecho a ser escuchados en un proceso que sigue atravesando sus vidas desde febrero de 2001.




