Foto: teleSUR (América Latina)
- El juez Otazú ordenó la prisión preventiva de Peña el sábado 7 de noviembre, por el caso Ueno Bank.
- El Senado lo había destituido el viernes 6 de noviembre por ‘mal desempeño de funciones’.
- Fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio: hasta 10 años de pena agravada.
- Pedro Alliana asumió la presidencia; el nuevo gobierno buscará rastrear fondos en países aliados.
El juez penal de Garantías Humberto Otazú ordenó la prisión preventiva del expresidente paraguayo Santiago Peña el sábado 7 de noviembre de 2026, en el marco de la investigación por el desfalco de Ueno Bank. La medida llegó apenas un día después de que el Senado lo destituyera del cargo, y convierte a Peña en el primer expresidente paraguayo en quedar detenido de forma preventiva en el contexto de una causa penal de esta magnitud.
Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. El fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Christian Benítez, precisó que ambos hechos punibles, “en su modalidad agravada”, contemplan penas de hasta 10 años de cárcel.
Respecto del lugar de reclusión, las fuentes difieren: según Infobae, Peña “permanecerá recluido en el Regimiento Guardia Presidencial de Asunción”, mientras que teleSUR informa que “deberá cumplir la medida en el Regimiento Escolta Presidencial”.
El juez Otazú fundamentó la resolución en el peligro de fuga y en la necesidad de asegurar la presencia del exmandatario en el país. En la audiencia del sábado sostuvo que “se debe tener la garantía de su permanencia en el país” y que, para decretar la medida, tuvo en cuenta la información que Peña pudo haber manejado en su calidad de presidente sobre lo sucedido en Ueno Bank, así como informes referidos al crimen organizado y el peligro de obstrucción a la investigación. En la misma línea, el magistrado declaró que el exjefe de Estado “debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento”. Durante la audiencia de imposición de medidas cautelares, Peña se abstuvo de declarar.
La imputación sostiene que el expresidente “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank, y que “habría mantenido una relación económica y corporativa previa” con Ueno Holding, el grupo empresario al que pertenecía la entidad financiera. Según la acusación, Peña tenía acciones equivalentes al 1,58% del capital de Ueno Holding, un certificado de depósitos de ahorro en Ueno y un bono en Itti —las tres compañías parte del Grupo Vázquez—, y habría vendido esa participación en marzo de 2025, ya durante su mandato presidencial.
El Senado paraguayo había destituido a Peña el viernes 6 de noviembre, declarándolo culpable de “mal desempeño de funciones” con unanimidad en la Cámara de Diputados y 44 votos en el Senado. Tras la destitución, el vicepresidente Pedro Alliana fue juramentado como nuevo presidente. Alliana designó al abogado Ariel Martínez como ministro del Interior y a Rolando de Barros al frente del Gabinete Civil. El nuevo vicepresidente, Antonio Barrios, anticipó que el Ejecutivo acudirá a países “aliados” para rastrear los fondos administrados por la entidad financiera y “saber dónde está el dinero”.
En paralelo, el presidente interino del Banco Central del Paraguay, Pedro Acosta, informó que 1.196.000 personas ya cobraron la garantía estatal. Los pagos sumaron 996.000 millones de guaraníes, equivalentes a USD 160 millones, según las cifras presentadas tras los primeros dos días de desembolsos.
Durante el mandato de Peña, millonarios fondos públicos fueron colocados en Ueno Bank, que los destinó a préstamos sin garantías y sobregiros irregulares a al menos 23 empresas propiedad o vinculadas comercialmente con la cúpula del banco. La crisis afectó a unos 2,94 millones de clientes, incluidos ahorristas particulares, jubilados y organismos públicos que mantenían depósitos e inversiones en la entidad.
