La empresa presentó un nuevo esquema tarifario que prevé subas promedio del 22,6% para seis de cada diez hogares, mientras que otros usuarios tendrían reducciones o mantendrían sus facturas. La propuesta se debate este lunes en una audiencia pública, a pocas semanas del traspaso de AySA a manos privadas, previsto para el 13 de noviembre.
El cambio apunta a modificar los coeficientes zonales que determinan cuánto paga cada propiedad y a retirar de manera gradual un descuento del 15% para parte de los usuarios. Aunque el Gobierno sostiene que el objetivo es reorganizar el sistema y ampliar la tarifa social, el nuevo esquema podría encarecer el servicio para una parte importante de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Cómo cambiarían las facturas de agua
Según los cálculos presentados por AySA, el impacto de la reforma se distribuiría de la siguiente manera entre los usuarios residenciales:
Estimaciones de AySA a valores de septiembre de 2026, sin impuestos. Las cifras corresponden al efecto de la reforma propuesta, no necesariamente al monto final de futuras boletas.
La suba promedio del 22,6% no representa el aumento máximo. Los documentos de la empresa contemplan ajustes de hasta el 149% en algunos casos, aunque los incrementos superiores al 100% alcanzarían al 3% de los usuarios residenciales.
El descuento del 15% que dejarían de recibir algunos usuarios
Uno de los principales componentes de la reforma es la eliminación gradual de una bonificación del 15% que hoy reciben usuarios clasificados en zonas de menor nivel tarifario.
Según la presentación de AySA, alrededor de 504.000 hogares pagarían más exclusivamente por perder ese descuento. Para ese grupo, el incremento podría llegar al 17,6%. La quita de la bonificación explicaría el 54% de la facturación adicional proyectada por la empresa.
El esquema prevé retirar el descuento en tres etapas: primero bajaría del 15% al 10%, luego al 5% y finalmente desaparecería. Para quienes también deban afrontar aumentos por el cambio de coeficiente zonal, esa segunda parte del ajuste comenzaría a aplicarse desde el cuarto mes.
Nuevos criterios para calcular las tarifas
AySA propone reemplazar los 11 coeficientes zonales actuales por cinco categorías, con valores de entre 0,75 y 2,75. La clasificación se basa en la ubicación de los inmuebles y en indicadores socioeconómicos construidos a partir de datos del Censo 2022 y de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.
La empresa sostiene que el sistema vigente quedó desactualizado y que hay zonas que cambiaron sus características económicas e inmobiliarias, pero continúan encuadradas en categorías tarifarias bajas. Actualmente, el 88,8% de la superficie urbana está clasificada en ese nivel.
El cambio también contempla modificaciones para determinados usuarios comerciales e industriales, así como ajustes en el cobro del servicio de desagües cloacales y pluviales.
Aumentos graduales, pero con actualizaciones por inflación
Para evitar saltos abruptos, AySA plantea implementar los cambios por etapas. Según la propuesta, el 63% de los usuarios que tendrán aumentos completaría el ajuste en seis meses, el 96% en un año y los últimos casos llegarían al valor definitivo en el mes 19.
La empresa calcula que el esquema completo generaría unos $140.000 millones adicionales por año, a valores de septiembre de 2026, que se destinarían a ampliar la tarifa social. Además, sostiene que los beneficiarios actuales quedarían protegidos mediante ajustes en la asistencia para evitar que la reforma les reduzca el descuento.
Sin embargo, los topes previstos para la transición no reemplazan las actualizaciones periódicas de las tarifas por inflación. Por eso, el importe final de las boletas dependerá tanto de la aprobación del nuevo esquema como de los ajustes que se apliquen posteriormente.
La reforma se discute antes del traspaso a manos privadas
La audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) se realiza este lunes 26 de octubre. Su objetivo es recibir observaciones sobre la propuesta; la audiencia no es vinculante y los cambios todavía requieren una decisión del organismo regulador.
La discusión se produce en la antesala de la privatización de AySA. Según lo informado, la venta del 90% de las acciones estatales fue adjudicada por US$340,2 millones a un consorcio privado, y el traspaso está previsto para el 13 de noviembre.
Así, la actual conducción estatal impulsa una modificación tarifaria que podría cambiar el monto que pagan millones de usuarios antes de dejar la empresa. El debate central será cómo se distribuyen los costos del servicio, qué hogares pierden beneficios y de qué manera se garantiza el acceso al agua potable y al saneamiento.
