El Gobierno de Javier Milei debió retroceder en varios de sus planteos sobre discapacidad para conseguir una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Después de una jornada de negociaciones hasta último momento, el oficialismo logró aprobar su proyecto de ley permanente para el sector, pero solo tras incorporar cambios sustanciales que reclamaban bloques opositores, legisladores aliados y representantes de organizaciones vinculadas con la discapacidad.
La votación terminó con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. El resultado fue contundente, aunque también dejó expuesta una paradoja política: para evitar una derrota parlamentaria y frenar una iniciativa opositora que buscaba extender la emergencia en discapacidad, La Libertad Avanza tuvo que aceptar buena parte de los reclamos que había resistido durante las negociaciones previas.
El proyecto aprobado mantiene aspectos centrales del régimen vigente, entre ellos las pensiones no contributivas, la actualización de los aranceles de las prestaciones según la inflación y la continuidad de la cobertura sanitaria. También incorpora previsiones presupuestarias y plazos para cancelar deudas con prestadores.
La discusión estuvo atravesada por la desconfianza hacia el Ejecutivo, especialmente después de que el proyecto de Presupuesto 2027 incluyera disposiciones que iban en sentido contrario a varias de esas garantías. El cambio de posición del oficialismo permitió reunir los votos, pero volvió a poner en evidencia la distancia entre el ajuste que impulsa la Casa Rosada y las obligaciones que el Congreso busca preservar en un área especialmente sensible.
Una marcha atrás para evitar otra derrota parlamentaria
El conflicto se originó cuando el Gobierno intentó avanzar con modificaciones al sistema de discapacidad a través del Presupuesto 2027. Entre los cambios propuestos figuraban restricciones a la compatibilidad de las pensiones con el empleo registrado y la eliminación de valores universales para las prestaciones, lo que habría permitido a obras sociales y prepagas negociar libremente los aranceles.
La iniciativa generó resistencia incluso entre los bloques que habitualmente acompañan a Milei en el Congreso. El PRO, la UCR y legisladores de fuerzas provinciales reclamaron garantías para los beneficiarios, el pago de las deudas acumuladas con prestadores y la inclusión de fondos suficientes para sostener el sistema.
Frente a ese escenario, el oficialismo impulsó una propuesta alternativa que reemplaza la declaración de emergencia por un régimen permanente. Sin embargo, durante el debate tuvo que aceptar nuevas modificaciones para asegurar el respaldo necesario.
La oposición interpretó el resultado como una victoria política: el Gobierno no consiguió avanzar con su planteo original y terminó incorporando buena parte de las condiciones que reclamaban sus adversarios. La Libertad Avanza, en cambio, defendió la aprobación de su propio proyecto como una forma de establecer un marco estable para el sector.
Qué establece la nueva ley de discapacidad
Qué falta para que la ley entre en vigencia
La aprobación de Diputados constituye una media sanción: el proyecto todavía debe ser tratado por el Senado para convertirse en ley. Hasta entonces, las disposiciones nuevas no pueden considerarse plenamente vigentes.
El resultado representa un revés para la estrategia inicial del Gobierno, que buscaba reemplazar la emergencia por un esquema propio con menores compromisos presupuestarios. La versión aprobada terminó incorporando garantías que el oficialismo había cuestionado y que fueron exigidas por la oposición y sus propios aliados.
El desenlace también deja una señal política para la Casa Rosada: aun con una mayoría circunstancial, el oficialismo no siempre consigue imponer su agenda sin modificaciones. En un tema que involucra tratamientos, rehabilitación, pensiones y cobertura sanitaria, la presión social y parlamentaria obligó al Gobierno a negociar.
La votación fue amplia, pero la discusión de fondo no terminó. Ahora el desafío será que los compromisos asumidos se cumplan y que los recursos lleguen a quienes dependen de las prestaciones. Para las personas con discapacidad y sus familias, el resultado no se medirá solamente por los votos en el recinto, sino por la continuidad de la atención y la posibilidad de acceder efectivamente a sus derechos.
